Desde el pasado 1 de junio ha
entrado en vigor el Real Decreto que obliga a todas las viviendas en venta o
alquiler a disponer de un certificado de eficiencia energética. Serán empresas privadas las que se encarguen
de expedir los certificados, que después serán visados por la administración
pública de cada comunidad autónoma.
La evaluación de la vivienda debe
ser realizada por un técnico especializado que no podrá cobrar una cantidad
superior a los 300 euros. La nueva etiqueta energética de estos edificios se
regula en una clasificación que va desde la A hasta la G. De esta forma, las
viviendas con la A serán las más eficientes y la de la G las menos.
Los propietarios de las viviendas
sólo deberás hacer obras si desean ascender en esa clasificación. Sin embargo,
poseer la certificación será obligatorio en todos los casos.
A la hora de evaluar si un
edificio es eficiente se tienen en cuenta aspectos como la climatización, las
ventanas, la orientación o la fachada. Uno de los aspectos más determinantes
para que una vivienda sea eficiente es el uso de energías renovables. Las
viviendas y edificios autosuficientes en materia de electricidad producen mayor
ahorro económico y son más respetuosas con el medio ambiente.
